¡POBRE ESPAÑA!

 

 ¡Pobre España!                         

DIARIO DE LEÓN

25 DE AGOSTO DE 2020, 12:37

JULIO FERRERAS, EDUCADOR

No resulta agradable comenzar este artículo con estas palabras «¡Pobre España!», pero hay serios motivos para ello, por lo que es preciso ser consciente de esta realidad para intentar remediarla, ya que, de lo contrario, podría agravarse la situación con las consecuencias y los peligros que ello arrastraría. En efecto, ¿no es un motivo (entre otros que veremos) el constatar que el jefe del estado no tiene responsabilidades jurídicas ni obligación alguna de rendir cuentas? ¿Se puede decir, entonces que vivimos en una democracia? En un país con una verdadera democracia, parece evidente que el primer servidor ha de ser el propio jefe del Estado. Ello es debido a que hay instituciones que, en su propia esencia, no son democráticas, como la monarquía española, la cual solo es parlamentaria de nombre, es más monarquía que parlamentaria, ya que el monarca —el jefe del Estado— no es elegido democráticamente. Juan Carlos I fue nombrado por el general Franco, y Felipe VI, por su padre. ¿Dónde está la democracia? Sólo en el Parlamento.

El resultado ya sabemos cuál ha sido y está siendo. El anterior jefe del Estado, como no ha tenido responsabilidades jurídicas ni obligación de rendir cuentas, ha vivido y vive rodeado de privilegios, y hoy está bajo multitud de sospechas de una enorme gravedad, lo que es inconcebible en una auténtica democracia. Nunca ha sido sometido al control del Parlamento, pero ¡ojo!, porque no lo han permitido los acuerdos entre el PP y el PSOE, lo cual es aún más grave, pues, además del propio jefe del estado, ya hay otros responsables de esta situación: dos partidos políticos, precisamente los que han gobernado en los 40 años de democracia parlamentaria. Y en cuanto a Felipe VI, no posee la legitimidad de origen ya que es rey solo por el hecho de ser hijo de su padre, y en algunos momentos decisivos, no ha acertado a comportarse como un jefe de estado imparcial, cuyo papel debería ser tratar de unir y no separar. A este respecto, ¿cuál ha sido su actitud, por ejemplo, con el pueblo de Cataluña tras la DUI? Parece que no ha sabido comprender y actuar como mediador en un tema tan delicado y difícil.

La monarquía, pues, esa institución que no pasa por las urnas ni rinde cuentas, es más bien un resto del pasado, un anacronismo, que no se sostiene ya en los países más avanzados. Justificar ese anacronismo es negar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y admitir que unos ciudadanos (los de la llamada «familia real») tienen más derechos que el resto, por lo que viven rodeados de privilegios y al margen de la ley. Tratar de justificar ese anacronismo es como querer justificar, hoy, el sometimiento y la marginación de la mujer por el hombre, o negar el acceso de una parte de la población a la educación y la cultura. Esto ha sido, hasta no hace mucho tiempo, una terrible y cruel realidad que felizmente ya no se sostiene en la actualidad, en los países más avanzados. ¿No debería ocurrir algo semejante con las formas de gobiernos no democráticas?

Pero no es solo antidemocrática esta institución, en nuestro país. Hay otra que lo es igualmente, y que goza de privilegios semejantes. Se trata de la iglesia católica, la institución con un poder, en nuestro país, como no se conoce en ningún otro. Se sabe que posee más de tres mil bienes de un incalculable valor cultural e histórico, y lo que es más incomprensible, se dice que ese valor debe representar cerca del 80% del patrimonio cultural español. Por hacer referencia a los países más cercanos, Francia y Portugal, en ellos los monumentos histórico-artísticos son propiedad del Estado; en Francia, existe una separación de las iglesias y el Estado desde 1905; y en Portugal, desde 1940, existe un concordato con el Vaticano por el que se reconoce la propiedad del Estado de esos monumentos.

En cambio, ¿los acuerdos de España con el Vaticano no están llenos de privilegios para la iglesia católica, a la que se reconoce como un poder paralelo? Y es quizás, en la educación, donde ese poder es casi absoluto. Dice un artículo: «La educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana», y en otro se reconoce que la enseñanza de la religión católica estará presente en todos los centros educativos. ¿No es esto un anacronismo histórico semejante al de la monarquía? Por cierto, ¡qué bien se han llevado siempre estas dos instituciones anacrónicas! ¿Por qué será? Pero tampoco conviene olvidar esto: ¿No será también responsable, en buena medida, el propio pueblo español de estos dos anacronismos? Lanzo estas preguntas con todos mis respetos hacia los que están a favor de estas dos instituciones, y con el derecho que me asiste a expresar mis opiniones.

Hay un tercer motivo, muy grave en estos momentos, para pensar en la pobre España. Ese no podía ser otro que la desgracia del coronavirus, la pandemia que está sorprendiendo al mundo y hacia la cual no existe lamentablemente un acuerdo y una actitud unánimes, por cuyo motivo la solución parece más lejana. Y por si fuera poco, el covid-19 está originando, en nuestro país, unas consecuencias tremendas, un mayor paro y una crisis económica casi sin precedentes, lo que ha de llevar a serias reflexiones sobre nuestros recursos económicos, basados casi exclusivamente en el turismo.

En consecuencia, España necesita llevar a cabo grandes reformas y cambios, en las instituciones y en la propia sociedad, para lograr un país más prospero, culturalmente, haciendo de la educación un objetivo prioritario; más justo, haciendo que paguen más los que más tienen; y más libre e independiente, desarrollando una industria más segura, no sólo el turismo.