¡Pobre España!
DIARIO DE LEÓN
25 DE AGOSTO DE 2020, 12:37
JULIO FERRERAS, EDUCADOR
No resulta agradable comenzar este artículo con estas palabras «¡Pobre
España!», pero hay serios motivos para ello, por lo que es preciso ser
consciente de esta realidad para intentar remediarla, ya que, de lo contrario,
podría agravarse la situación con las consecuencias y los peligros que ello
arrastraría. En efecto, ¿no es un motivo (entre otros que veremos) el constatar
que el jefe del estado no tiene responsabilidades jurídicas ni obligación
alguna de rendir cuentas? ¿Se puede decir, entonces que vivimos en una
democracia? En un país con una verdadera democracia, parece evidente que el
primer servidor ha de ser el propio jefe del Estado. Ello es debido a que hay
instituciones que, en su propia esencia, no son democráticas, como la monarquía
española, la cual solo es parlamentaria de nombre, es más monarquía que
parlamentaria, ya que el monarca —el jefe del Estado— no es elegido
democráticamente. Juan Carlos I fue nombrado por el general Franco, y Felipe
VI, por su padre. ¿Dónde está la democracia? Sólo en el Parlamento.
El resultado ya sabemos cuál ha sido y está siendo. El anterior jefe del
Estado, como no ha tenido responsabilidades jurídicas ni obligación de rendir
cuentas, ha vivido y vive rodeado de privilegios, y hoy está bajo multitud de
sospechas de una enorme gravedad, lo que es inconcebible en una auténtica
democracia. Nunca ha sido sometido al control del Parlamento, pero ¡ojo!,
porque no lo han permitido los acuerdos entre el PP y el PSOE, lo cual es aún
más grave, pues, además del propio jefe del estado, ya hay otros responsables
de esta situación: dos partidos políticos, precisamente los que han gobernado
en los 40 años de democracia parlamentaria. Y en cuanto a Felipe VI, no posee
la legitimidad de origen ya que es rey solo por el hecho de ser hijo de su
padre, y en algunos momentos decisivos, no ha acertado a comportarse como un
jefe de estado imparcial, cuyo papel debería ser tratar de unir y no separar. A
este respecto, ¿cuál ha sido su actitud, por ejemplo, con el pueblo de Cataluña
tras la DUI? Parece que no ha sabido comprender y actuar como mediador en un
tema tan delicado y difícil.
La monarquía, pues, esa institución que no pasa por las urnas ni rinde
cuentas, es más bien un resto del pasado, un anacronismo, que no se sostiene ya
en los países más avanzados. Justificar ese anacronismo es negar la igualdad de
todos los ciudadanos ante la ley y admitir que unos ciudadanos (los de la
llamada «familia real») tienen más derechos que el resto, por lo que viven
rodeados de privilegios y al margen de la ley. Tratar de justificar ese
anacronismo es como querer justificar, hoy, el sometimiento y la marginación de
la mujer por el hombre, o negar el acceso de una parte de la población a la
educación y la cultura. Esto ha sido, hasta no hace mucho tiempo, una terrible
y cruel realidad que felizmente ya no se sostiene en la actualidad, en los países
más avanzados. ¿No debería ocurrir algo semejante con las formas de gobiernos
no democráticas?
Pero no es solo antidemocrática esta institución, en nuestro país. Hay otra
que lo es igualmente, y que goza de privilegios semejantes. Se trata de la
iglesia católica, la institución con un poder, en nuestro país, como no se
conoce en ningún otro. Se sabe que posee más de tres mil bienes de un
incalculable valor cultural e histórico, y lo que es más incomprensible, se
dice que ese valor debe representar cerca del 80% del patrimonio cultural
español. Por hacer referencia a los países más cercanos, Francia y Portugal, en
ellos los monumentos histórico-artísticos son propiedad del Estado; en Francia,
existe una separación de las iglesias y el Estado desde 1905; y en Portugal,
desde 1940, existe un concordato con el Vaticano por el que se reconoce la
propiedad del Estado de esos monumentos.
En cambio, ¿los acuerdos de España con el Vaticano no están llenos de
privilegios para la iglesia católica, a la que se reconoce como un poder
paralelo? Y es quizás, en la educación, donde ese poder es casi absoluto. Dice
un artículo: «La educación que se imparta en los centros docentes públicos será
respetuosa con los valores de la ética cristiana», y en otro se reconoce que la
enseñanza de la religión católica estará presente en todos los centros
educativos. ¿No es esto un anacronismo histórico semejante al de la monarquía?
Por cierto, ¡qué bien se han llevado siempre estas dos instituciones
anacrónicas! ¿Por qué será? Pero tampoco conviene olvidar esto: ¿No será
también responsable, en buena medida, el propio pueblo español de estos dos
anacronismos? Lanzo estas preguntas con todos mis respetos hacia los que están
a favor de estas dos instituciones, y con el derecho que me asiste a expresar
mis opiniones.
Hay un tercer motivo, muy grave en estos momentos, para pensar en la pobre
España. Ese no podía ser otro que la desgracia del coronavirus, la pandemia que
está sorprendiendo al mundo y hacia la cual no existe lamentablemente un
acuerdo y una actitud unánimes, por cuyo motivo la solución parece más lejana.
Y por si fuera poco, el covid-19 está originando, en nuestro país, unas
consecuencias tremendas, un mayor paro y una crisis económica casi sin
precedentes, lo que ha de llevar a serias reflexiones sobre nuestros recursos
económicos, basados casi exclusivamente en el turismo.
En consecuencia, España necesita llevar a cabo grandes reformas y cambios,
en las instituciones y en la propia sociedad, para lograr un país más prospero,
culturalmente, haciendo de la educación un objetivo prioritario; más justo,
haciendo que paguen más los que más tienen; y más libre e independiente,
desarrollando una industria más segura, no sólo el turismo.
